Los demócratas del mundo, los defensores de la unidad de España y, en general, quienes piensan que el bañador del diputado de Esquerra Joan Puig debería estar prohibido por la ley de Costas están de enhorabuena. Pedro J. Ramírez ha ganado su singular batalla naval cual moderno Francis Drake, que era bastante pirata pero muy patriota. La ministra Narbona ha resuelto que la piscina que da brillo y esplendor a la propiedad mallorquina del director de El Mundo, enclavada casualmente en suelo público, sea gestionada por el propio Ramírez. De hombre tan preparado sólo cabe esperar que el éxito coronará sus nuevas ocupaciones como gestor de baños públicos y privados, que de todo habrá, al parecer, en el celebérrimo aljibe.
La resolución establece que la piscina tendrá uso público los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, pintiparado periodo para que “escolares de la zona” en número no mayor de diez, acompañados de un monitor y durante el improrrogable plazo de dos horas puedan zambullirse en sus procelosas aguas, que tendrán que ser saladas y no dulces por prescripción gubernativa. El pobre periodista no sólo tendrá que pagar un sistema de renovación hídrica mediante energía solar sino que habrá de dar trabajo a un operario para que abra la puerta a los retoños, además de transformar un trastero en aseo por si se presentasen aguas menores indeseadas. No se explicita si el gestor podrá resarcirse de los gastos expendiendo refrescos y helados a los visitantes.
Como es fácil de suponer, el asunto trasciende a la propia piscina y entra de lleno en el modelo territorial del Estado. El propio Ramírez explicó en su día que la cruzada de los independentistas catalanes contra su zona de remojo no tenía por objeto nacionalizar el remanso sino coaccionarle por su obstinada defensa de la unidad de España. En consecuencia, el establecimiento por parte de Medio Ambiente de medidas tan draconianas para un patriota que a nadie hacía daño ocupando el suelo de todos sólo puede significar una cosa: el Gobierno ha pagado un precio político a Carod-Rovira y a sus secuaces.
Sin dudar ni por un momento del irrefutable argumento del periodista, algún malintencionado podría preguntar por qué ese ensañamiento contra él, por qué la turbamulta no ha dirigido también sus coacciones acuáticas contra otros adalides de la Constitución, especialmente si dirigen medios de comunicación o conducen programas de radio y defienden con parecido ardor al suyo la indisolubilidad de la patria común. Los maledicentes responderán que porque es el único que tiene una piscina en una propiedad pública, pero el motivo parece demasiado simple para ser real.
Cuesta poco imaginar la película de los hechos. Ramírez busca un merecido lugar de reposo estival y encuentra en Mallorca el refugio perfecto. Cuando se dispone a comprar la finca, hace ahora casi seis años, constata con sorpresa que la piscina que la acompaña no forma parte de la propiedad. Huelga decir que jamás se había enfrentado a contrariedad semejante en su corta experiencia inmobiliaria. Ni la modesta vivienda que había adquirido en Madrid a Juan Villalonga en pleno Paseo de la Castellana ni los humildes apartamentos de París y Londres le ocasionaron contratiempo alguno. Cualquier otro hubiera desistido, pero el periodista espera a que el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Jaume Matas, casualmente amigo y compañero de paddle, otorgue una concesión para el uso del espacio público ocupado por la alberca. La concesión llega en el momento oportuno. Sólo entonces adquiere la casa. Nos hallamos –como queda acreditado- ante un ciudadano ejemplar, que jamás usaría su posición y su cargo para conseguir un trato de favor de esta envergadura.
He aquí la explicación de por qué entre las más de 10.000 piscinas, embarcaderos y solariums que, según asegura El Mundo, se encuentran en Baleares dentro del dominio público apenas un puñado cuenta con la correspondiente autorización administrativa. Ramírez no comulga con ilegalidades. Cuando, en desigual combate, ha de enfrentarse con la administración autonómica para que asfalte el camino que conduce a su domicilio lo hace con gallardía, a pecho descubierto y por el interés general. Así es este hombre incomparable, al que no se le resisten ni las infraestructuras.
Parafraseando a Aznar, quien decidió que Pedro J. y su piscina –o casi suya- fueran el objetivo de las bárbaras acometidas independentistas no se esconde en montañas o en desiertos lejanos. Dentro de este maquiavélico plan de desestabilización democrática, estaba previsto que, de nuevo, el diputado Joan Puig tomara al asalto la piscina, ataviado en esta ocasión con un bañador de Ágatha Ruiz de la Prada para aumentar el desconcierto. El periodista, que no se arredra, ha llevado el primer remojón de Puig ante el Supremo y ha vuelto a denunciarle de manera preventiva. Y todo por España, a cuya defensa ha consagrado su existencia.
Conociendo estos antecedentes, la decisión del Ejecutivo de imponerle una ración de chiquillería durante cuatro meses –tres si se tiene en cuenta que los niños acaban el colegio a mediados de junio y regresan a clase a mediados se septiembre- es un castigo innecesario y una rendición ante los separatistas. Ramírez, como él mismo ha proclamado, está sometido a especiales medidas de seguridad. ¿Quién puede asegurar que algún malhechor no se disfrace de monitor -o de niño si es bajito- para realizar sus fechorías en su residencia? Que Narbona no busque excusas para regatear 350 metros cuadrados a un servidor del Estado. En mi nombre, no.
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Fuente: El Confidencial